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 Continúa la tramitación parlamentaria de la Ley General de la Comunicación Audiovisual y Bruselas sanciona a Francia por el sistema de financiación de la televisión pública en el que se inspira el modelo de RTVE |
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| El pasado 7 de enero, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria, la abstención del PP y los votos en contra del PNV y ERC-IU-ICV el proyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que ahora deberá ser ratificado por el Senado. |
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Entre las modificaciones del proyecto inicial más destacadas, el texto aprobado establece que el 6% de los ingresos de las televisiones públicas estatales y autonómicas se destinen –con porcentajes distintos a la televisión privada– además de a la producción cinematográfica, a la creación de series y miniseries, documentales y series y películas de animación. Además, el texto recoge la posibilidad de que las televisiones autonómicas puedan emitir en otras comunidades limítrofes con las que compartan afinidades lingüísticas y culturales, siempre que así lo acuerden mediante convenios sus Administraciones y que exista reciprocidad.
En relación con el tiempo de publicidad, se puntualiza que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (5 minutos) y telepromoción (2 minutos), lo que supone una disminución de 10 minutos con respecto al texto inicial, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción.
En este proyecto, además, por promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, se prohíbe emitir en horario infantil anuncios de productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética.
Por otra parte, el proyecto prevé la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones (prevista en una ley anterior que no llegó a desarrollarse), que sería la encargada de realizar un mapa de las radios en España, que permitiría que el Estado y las comunidades cierren aquellos operadores que no dispongan de una licencia de emisión.
En paralelo, la Comisión Europea ha solicitado a España que no empiece a aplicar el nuevo modelo de financiación de RTVE en lo que respecta a los fondos que debería recibir la corporación pública de los nuevos impuestos introducidos en la nueva ley mientras no concluya la investigación que abrió el pasado diciembre.
Y mientras tanto, las autoridades comunitarias han abierto un expediente sancionador a Francia por el impuesto que grava a las empresas de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de la televisión pública. Según la Comisión Europea, dicha tasa, que ha inspirado el modelo de financiación de RTVE, podría contravenir la normativa comunitaria. |
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